En 2008 se aprobó una ley consensuada por la clase política que se llamó la "Ley de Transparencia" en la que por primera vez el estado chileno debía dar a conocer todos los informes, documentos y demás que fuesen requeridos por cualquier persona y en cualquier momento. Así se realizó un paso gigantesco para lograr que la gente confiase en sus dirigentes y que por fin se supiese que se barajaba tras las bambalinas de cada decisión importante.
Hoy se ha producido uno de los hechos que podrían marcar para siempre la institucionalidad democrática chilena. En un fallo dividido, el Tribunal Constitucional (una de las instituciones más nefastas que nuestra nación posee) decidió que uno de los artículos de esta ley es anticonstitucional. Todo ocurrió cuando hace varios meses el ministro de la SEGPRES, Cristian Larroulet, se negó a publicar 350 correos electrónicos, requeridos por la fundación Ciudadano Inteligente, y que fueron enviados y recibidos entre el 18 y el 21 de junio de 2011. Éste hombre argumentó que tales documentos y conversaciones no eran de interés público y por lo tanto no tenía por qué entregarlos. Así se llegó a una instancia que, a nadie le cabe duda, jamás vela por los intereses reales de los ciudadanos y protege intereses oficialistas debido a presiones gubernamentales o directamente personales.
El problema que se suscita con ésto es que al declarar esta acción como inconstitucional, todo el marco legal de la ley se desarma. Según el tribunal no se pueden pedir más informaciones que las contenidas en los informes oficiales. Es decir, estudios, consultorías, emails, memos e incluso información tan poco trascendente como la lista de empleados de un ministerios serán objetos prohibidos para la opinión pública, incluso si se está pidiendo su acceso para sustentar una acción legal. Es decir, volvimos a los tiempos de la mordaza y la venda en los ojos.
Así y todo, aún la Corte de Apelaciones puede dar vuelta atrás en esto... pero se está marcando un precedente. Ya es posible cuestionar el nivel de transparencia que cada gobierno quiera darle a su mandato. En un país como Chile, donde los intereses personales y de algunos sectores mandan sobre el resto, una ley como ésta siempre es necesaria, aunque sea sólo para generar una sensación de seguridad forzada. Ahora ni eso nos estaría quedando de aprobarse todo en la Corte de Apelaciones.
¿Por qué las leyes son ineficaces en nuestro país? hoy tenemos la respuesta muy clara: porque nuestras instituciones burocráticas enmarcan cada decisión en una red incalculable de procesos que intentan a toda costa evitar la crítica y la justicia promulgada alguna vez por nuestros propios legisladores. Pareciera que las leyes tienen una doble lectura siempre: la del que la acata y la del que simplemente jamás la respetará. Y lo peor es que tenemos instituciones como el Tribunal Constitucional para que nos refrieguen en la cara lo poco y nada que pesa el ciudadano común en Chile.
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